Agentes del Ministerio Público notificaron a ABC Color y UH, y solicitaron, como en los tiempos de la dictadura stronista, datos de los periodistas encargados de realizar publicaciones. El abogado Ezequiel Santagada cuestionó esta actitud y dijo que estos pedidos realizados no corresponden e incluso raya lo ilegal. Las publicaciones se desprenden de declaraciones y publicaciones oficiales.
Los fiscales Aldo Cantero, Daniela Benítez y Rodrigo Estigarribia notificaron al diario ABC Color y UH, a fin de solicitar copias de publicaciones que realizó nuestro medio y, en una actitud que recuerda al stronismo, datos de los periodistas encargados de realizar las publicaciones puntuales sobre cuestiones vinculadas al lavado de dinero. Se trata de un nuevo amedrentamiento a la libre expresión.
El documento firmado por los tres agentes del Ministerio Público señala lo siguiente: “Se solicita una nota integra certificada de la publicación periodística de fecha 13 de julio del 2022, cuyo encabezado expresa: Lilian Samaniego habla de lavado de dinero en el Congreso de EE.UU. Asimismo remita un informe de datos de la persona encargada de la redacción del mencionado artículo”, sostiene el documento de ataque contra la libertad de prensa.
Esta publicación cita un posteo que realizó en sus redes sociales la senadora Lilian Samaniego, en ese entonces presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, durante su visita a los Estados Unidos donde se reunió con Sheldon Whitehouse, presidente de la Alianza contra el lavado de dinero.
Los fiscales hacen el mismo requerimiento sobre otra publicación que tiene como título: “Senadores buscan ir a Estados Unidos para tratar informes sobre lavado”, material que se desprende de las declaraciones que realizó su intervención en el Congreso Nacional, el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis.
Durante la dictadura stronista, jueces exigían a ABC Color que revelase nombres de periodistas que redactaron noticias que molestaban al régimen.
Oficio de Fiscalía no tiene sentido, dice abogado Ezequiel Santagada
El abogado Ezequiel Santagada habló de este hecho y mencionó que el procedimiento no corresponde. “Para qué lo van a citar al periodista. ¿Para mirarle la cara?”. No tiene sentido, no corresponde, está rayando lo ilegal, no deberían haber hecho esto”, señaló Santagada. Cuestionó que los fiscales no entiendan la elemental consecuencia que puede tener la persecución hacia un medio de comunicación.
“Por qué van a pedir que se identifique a un periodista. Vamos a suponer que sea una noticia complicada y que el medio quiera proteger a su periodista. En ese punto, el medio está en todo su derecho”, remarcó el experto en información pública.
“El periodista se va a amparar en el artículo 26 de la Constitución Nacional, ¿o la Fiscalía pretende que revele sus fuentes?”, insistió.
Llama poderosamente la atención que la Fiscalía insista en conocer el nombre del periodista encargado de escribir las notas, cuando los artículos informativos no se publicaron firmados y, por ende, son responsabilidad de la dirección de este diario.
Enfatizó que los fiscales “no deberían haber hecho esto”. “Llanamente es una pésima señal; no puede ser que fiscales no entiendan la elemental consecuencia que tiene esto”, reiteró el experto en acceso a la información pública.
“Se vive hablando sobre libertad de expresión, no es un tema que no esté en constante debate. Esto es con claras intenciones de persecución, no hay otra”, sostuvo en otro momento el profesional.
Acotó que no culparía de esto a la nueva administración del país, refiriéndose a Santiago Peña. Añadió que desconoce si los investigadores que remitieron los oficios le habrán consultado al fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández.
Oficio tiene que ver con denuncia presentada por Horacio Cartes
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, el pedido de los agentes tienen que ver con la denuncia que realizó el expresidente de la República Horacio Cartes, por supuesta persecución política.
“Estamos convencidos que la Fiscalía no mueve y no va a mover absolutamente nada. Sostengo que Sandra Quiñónez es una empleada más del grupo Cartes”, fue lo que declaró en su momento Enrique Salym Buzarquis.
Recordó que él había denunciado el caso metrobús y afirmó que no hubo una sola imputación por este fallido proyecto, señalando así que la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público es “totalmente parcialista”.
