La fiscal Nilsa Marlene Torales presentó imputación contra 25 personas supuestamente implicadas en el hecho punible de contrabando de productos diversos. Las mercaderías fueron incautadas durante un procedimiento realizado a un complejo de depósitos ubicado en la colonia Guadalupe, de la ciudad de Salto del Guairá, en una propiedad privada que linda con la franja de protección de la Itaipú Binacional. El operativo estuvo a cargo de una comitiva interinstitucional. Primeramente se solicitó el análisis y Dictamen de la Aduana a fin de constatar referidos.
La nómina de imputados es la siguiente: María dos Anjos Andrade Moura, Orton Rodríguez, Luciano da Silva Rivero, Rodrigo Severiano de Almeida, Rodrigo Barreto de Freitas, Renato da Silva Cohello, Rosangela Makiko Tobace, Lupercio Ferraz, Luis Fernando Bibiano Castro, Víctor Herrera, Kelly Viviani de Mello y Luis Fabiano Oliveira.
La lista continúa con: Alisson Capatto, Betinho Munis de Oliveira, Rodrigo Augustinho, Eliseu Vermillo Junior, Giulio César Rodríguez, Eduardo Hennrique de Nobrega, Matheus Eduardo Rodríguez, Rodrigo Parizotto, Wellis Augusto Martin, Vicente José Pianaro Junior, Janaina de Oliveira Alves, Delio González Alcaraz y Mirna Victoria Cuenca Miranda. Los 3 últimos mencionados son paraguayos, mientras los otros 23 son de nacionalidad brasileña, según el escrito fiscal.
De acuerdo con los antecedentes, el presunto hecho punible fue constatado el 5 de febrero de 2020, a las 18:00 horas, tras una denuncia formulada.
La verificación estuvo a cargo de una comitiva compuesta por la UIC dependencia del Poder Ejecutivo; la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA), la Armada Naval; la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD); efectivos policiales de la zona, funcionarios de la Itaipú Binacional, liderados por el agente fiscal de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico de Salto del Guairá, Ysrael Villalba Ramírez.
En la oportunidad, los intervinientes encontraron varios depósitos ubicados dentro de la propiedad privada que linda con la franja de protección de la Itaipú y a unos 300 metros del lugar, ya en la zona de protección de la Binacional, pudieron divisar varias embarcaciones, en las cuales también había mercaderías.
Posterior al hecho, el fiscal adjunto del Área X del Ministerio Público, en fecha 6 de febrero de 2020, dispuso que la Unidad Especializada tome intervención en el caso. Al día siguiente, es decir el 7 de febrero de ese año, una comitiva fiscal se constituyó nuevamente al lugar para realizar un inventario de todas las mercaderías y luego dispuso el traslado del cargamento hasta la terminal de la administración aduanera de Almacenes Generales Sociedad Anónima (ALGESA) del kilómetro 12 de Ciudad del Este para su resguardo.
SE REALIZARON DIVERSAS DILIGENCIAS
En prosecución de la investigación, la Fiscalía realizó diversas diligencias investigativas y pedido de informes a la Dirección General de Aduanas, a la Subsecretaría de Estado de Tributación, el Registro Civil de las Personas, Dirección General de Migraciones, Policía Nacional, Poder Judicial, Itaipú Binacional y otras entidades, a fin de tener los nombres completos y las operaciones realizadas por los supuestos implicados en el ilícito.
Finalmente, este 15 de marzo de 2022, la titular de la Unidad Especializada N° 1 en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, Contrabando, Lavado de Dinero y Antiterrorismo de Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú, fiscal Nilsa Torales, recibió el informe del sumario administrativo iniciado por la Dirección General de Aduanas, resultado que determina finalmente que hubo infracción aduanera de contrabando.
Consecuentemente, al existir elementos de sospecha a cerca de la comisión del supuesto hecho punible, previsto y penado por el Art. 336 de la Ley 2422/04, en el que están involucradas presumiblemente las 25 personas citadas, la representante del Ministerio Público dispuso la imputación de todas ellas, de conformidad al Art. 29 del Código Penal.
De igual forma, la agente fiscal requirió la prisión preventiva de todos los encausados, considerando la existencia de peligro de fuga y la posibilidad de entorpecer la investigación. Asimismo, solicitó 6 meses de plazo para concluir la pesquisa y presentar el requerimiento respectivo.