En el marco de un trabajo interinstitucional, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, lideró la mesa de trabajo para delimitar y planear formas de trabajo y abordajes respecto a varias situaciones planteadas en torno a la emergencia ambiental en que se está convirtiendo los elevados casos de dengue y chikungunya; en la ocasión, fiscal adjunto Augusto Salas, de la Unidad Especializada de Delitos contra el Medio Ambiente, tomó la posta respecto a la situación.
El fiscal Augusto Salas indicó que mediante la labor conjunta con las Municipalidades se verificarán las personas que no cumplan con las disposiciones legales vigentes, que pueden ser pasibles de un proceso penal; destacó la presencia y el apoyo de representantes de los 19 distritos del departamento Central y de la Capital, también representantes del Ministerio del Ambiente, Policía Nacional, Ministerio de Salud, Senepa, Emergencia Nacional y Mades.
“Llegamos a acuerdos importantes y estamos elaborando un protocolo de actuación conjunta interinstitucional, a fin de llevar adelante acciones tendientes a disminuir los criaderos del vector. Vamos a ejercer acciones penales desde el Ministerio Público contra aquellos propietarios de inmuebles, casas abandonadas, patios baldíos que no se limpian, debido a que, según informaciones técnicas, estos son los lugares donde se crían los mosquitos vectores”, afirmó Salas.
Salas explicó que el procedimiento penal a ser aplicado se dará partir de la notificación de los distintos municipios y que darán plazo de 48 horas a los ciudadanos, y si no se cumple con la limpieza, las denuncias serán trasladadas y recibidas en el Ministerio Público, desde donde se ejercerán las acciones penales contra los propietarios de los inmuebles.
“En caso de que no se puedan hacer llegar las notificaciones o si hay una resistencia de dejar entrar a los funcionarios municipales para la limpieza, procederemos a solicitar órdenes de allanamiento para ingresar en esas casas, con lo cual se iniciará el inmediato procesamiento de las personas dueñas que incumplan las leyes ambientales y sanitarias”, enfatizó el fiscal Salas, haciendo hincapié en el hecho de que las sanciones van hasta cinco años de pena privativa de libertad o multa de hasta 360 jornales.
Durante la reunión también se destacó que los municipios, mediante su Ley Orgánica, empezarán acciones penales tendientes al cobro de impuesto y tasas de limpieza si es que las personas no quieren limpiar. Las municipalidades van a proceder a la limpieza, iniciarán acciones civiles, juicios ejecutivos, a fin de embargar esos inmuebles y rematarlos si fuere necesario. LN