En una segunda sesión extraordinaria en la fecha, la Cámara de Diputados aprobó el tratamiento del libelo acusatorio y pedido de juicio político contra el ministro de la Corte, Antonio Fretes, acusado de mal desempeño en sus funciones. Hoy se podría definir quiénes están a favor de sanear la justicia o ser cómplices del cuestionado magistrado, salpicado por denuncia de presunto cobro de coima para intentar frenar la extradición de Kassem Mohamad Hijazi.
El pedido de extraordinaria lo realizó el diputado Édgar Acosta (PLRA, efrainista) y aprobado por el pleno. La diputada Celeste Amarilla (PLRA; efrainista) tomó posteriormente la palabra para argumentar el libelo acusatorio, que acusa al ministro Antonio Fretes de mal desempeño en sus funciones por “perdida de la honorabilidad” en el cargo.
Hay varios diputados ausentes, lo cual es relevante para definir la mayoría requerida para la aprobación, ya que la Constitución establece la mayoría de dos tercios (de los presentes) para que el juicio prospere y se ponga a consideración de la Cámara juzgadora (Senado).
En este momento están presentes 64 diputados, lo que implica que para la aprobación se requieren de 45 votos. La bancada cartistas, que tiene varios diputados ausentes, adelantó que votarán en contra del juicio al magistrado.
En parte del argumento expuesto por Amarilla destacó los antecedentes del caso de presunto pago de coima a Amilcar Fretes, hijo del ministro Antonio Fretes, para presuntamente frenar la extradición de Hijazi y destacó que el magistrado no se puede desentender del caso, ya que requerido por la Justicia norteamericana acudió a Amilcar precisamente por el hecho de que su padre tendría intervención posteriormente en el caso siendo miembro de la Sala Penal de la Corte.
“Pocas personas hoy en el país estarían pensando que el Ministro Antonio Fretes sigue gozando de honorabilidad, que sigue siendo digno de ser honrado o de recibir un tributo y que sus decisiones tienen la credibilidad suficiente, pues quién permite que su hijo negocie con delincuentes comunes las decisiones que él habrá de tomar como máximo exponente de la justicia paraguaya desde su cargo de Presidente de la Corte Suprema de Justicia no tiene nada de honorable y no puede ser creíble. Él definitivamente ha perdido su honorabilidad, y siendo ésta cualidad uno de los requisitos constitucionales para ser miembro de la CSJ, al perderla está incumpliendo la Constitución Nacional, hecho que se configura en la principal causal de destitución de su cargo que es el mal desempeño de funciones”, refirió Amarilla leyendo parte del libelo. ABC