Si bien inicialmente el 2022 se presentaba muy optimista en cuanto al crecimiento económico, hoy el escenario se ve afectado por cuestiones exógenas como el clima, que provocó la estrepitosa caída de la cosecha de la soja, y el conflicto bélico, que ya tuvo su repercusión en el sector cárnico y del combustible.
Debido a esto, urge más que nunca que prime la prudencia, según expuso en conferencia de prensa el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas. A estos factores que están fuera del control estatal, se suman otros que sí pueden evitarse, pero que ya están en marcha: pedidos de aumentos salariales (algunos ya aprobados) financiados con recursos del Tesoro y propuestas de eliminación o reducción de impuestos, que en conjunto, significarían un impacto de 700 millones de dólares.
“Esto no solamente puede poner en riesgo la sostenibilidad fiscal sino esa reconstrucción macroeconómica que tomó tantos años”, advirtió Llamosas.
Indicó que en caso de que las iniciativas sean aprobadas, además de tener un impacto de 700 millones de dólares, también implicaría que del déficit fiscal autorizado del 3 % para este año,treparía al 4,6 %.
PROYECTOS QUE CAUSARÍAN EL DAÑO FISCAL
Cuatro proyectos que buscan reducir o limitar tasas impositivas, entre ellos:
El régimen de exportación para las ciudades de fronteras
La eliminación del Impuesto Selectivo al consumo a los combustibles
La deducibilidad del IVA para ciertos bienes
La eliminación del IVA para la canasta básica
Solamente estos proyectos causarían 422 millones de dólares de impacto en el fisco, es decir, el 10 % del total de impuestos.
GASTOS RÍGIDOS
Llamosas citó los proyectos de aumento de gastos rígidos que son financiados con recursos del Tesoro.
El aumento salarial para actuarios judiciales de hasta el 75 % de lo que perciben los jueces
El proyecto de la carrera administrativa de los funcionarios de salud.
“La preocupación es que esto abre la puerta a que otros sectores, con una justificación, puedan pedir lo mismo”, afirmó.
ACCIONES
El Ejecutivo prepara un nuevo proyecto de ley que prohíba las reasignaciones salariales y las reducciones de impuestos en años preelectorales.