El agente fiscal Gabriel Segovia Villasanti imputó por el hecho punible de estafa a una estudiante de Derecho que se hizo pasar por asistente fiscal. La joven habría sacado G. 27 millones a un hombre para supuestamente resolver un caso de violencia intrafamiliar.
Se trata de Débora Graciela Dávalos Santacruz, de 32 años, quien presumiblemente se hizo pasar por una asistente fiscal para sacar una importante suma de dinero a un imputado por violencia familiar en Ciudad del Este.
Según los datos de la investigación, Dávalos Santacruz, en connivencia con otras personas, contactó a Pedro Germán Ocampo, quien había sido denunciado por su expareja por un caso de violencia intrafamiliar.
La estudiante presuntamente le ofreció ayuda para solucionar su caso a cambio de G. 20 millones. El citado, creyendo que la mujer era una funcionaria fiscal, accedió a pagar el monto solicitado.
Al principio entregó dos pagos de G. 10 millones cada uno. Sin embargo, la situación procesal no se resolvió.
Dávalos Santacruz y sus cómplices siguieron pidiendo dinero a Ocampo, esta vez G. 7 millones para levantar la orden de detención que pesaba en su contra. Dicho monto supuestamente era para pagar a la Dirección de Policía de Alto Paraná.
El hombre, en total pagó G. 27 millones, pero no encontró solución a su problema, ya que le pidieron otros G. 18 millones para darle supuestamente salida al pleito judicial. Ya sin recursos, Pedro Ocampo denunció el caso a la Fiscalía.
El fiscal Villasanti realizó la investigación y logró identificar a los responsables de la supuesta estafa.
Inicialmente ordenó la detención preventiva de Débora Dávalos Santacruz, quien fue privada de libertad este 28 de noviembre.
La mujer es comerciante y fue detenida luego de denunciar un millonario hurto en su tienda de ropas, luego de que la Policía Nacional consultara sus registros y saltara una orden de detención en su contra.
El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de la sindicada, con el fin de garantizar la continuidad del proceso penal y evitar que siga cometiendo hechos similares.
Al mismo tiempo, la Fiscalía se encuentra recopilando pruebas contra las demás personas que estarían involucradas en el ilícito, con el objetivo de someterlas a procesos penales. Entre los sospechosos aparece un agente de la Policía Nacional.
Inicialmente, el agente fiscal había dicho que la imputación sería por extorsión, pero finalmente fue por estafa. UH