En entrevista con radio Universo 970 – Nación Media, el economista Gustavo Rivas dio a conocer su punto de vista referente al proyecto de ley de regulación de la actividad minera de criptomonedas.
Cuestionó al respecto que en el artículo 9no. de la propuesta legislativa se le da un tratamiento de industria, con todos los beneficios correspondientes a la misma, por lo que se preguntó en ese sentido si realmente vale la pena dar estos beneficios a una práctica comercial que no da mucha mano de obra. “En un espacio de 12×30 metros entra un contenedor y consume energía como si fuere un edificio de 20 pisos, pero solo es manejado por una o dos personas. Hay que ver si es suficiente la contribución que dará a la economía paraguaya”, agregó.
La criptomoneda es una moneada virtual de intercambio que es muy volátil, pero no posee una fuerza cancelatoria per se, como el caso del dólar, de acuerdo con Rivas, quien resaltó que el Banco Central no figura en esta normativa como ente regulador. “Lo que reconoce el Banco Central es como un activo, no lo ve como una moneda legal para una transacción bancaria o cambiaria”, agregó.
Sobre los peligros de esta práctica, Rivas sostuvo que el impacto que puede tener es el consumo de energía eléctrica, por lo que hay que analizarse las formas de garantizar el suministro. Además del alto riesgo en invertir en criptomonedas. Otro factor es la fijación del impuesto a esta práctica, según el entrevistado.
En el ámbito legislativo paraguayo se encuentra el proyecto de Ley que regula la Industria y Comercialización de Activos Virtuales –Criptoactivos, dando participación como órgano de autoridad el Ministerio de Industria y Comercio, que a su vez coordinará a la Comisión Nacional de Valores (para la regulación de la oferta pública), la Seprelad (para el control del lavado de dinero), la ANDE (para satisfacer las necesidades de energía) y el Ministerio de Hacienda (para cobrar los impuestos).
En los alcances de la normativa, que ya tiene media sanción del Senado y se encuentra en estudio en Diputados, se establece que la ANDE otorgará el carácter de consumidor industrial a los mineros y fijará el monto que deberán pagar los mismos, quienes a su vez deberán estar debidamente habilitados para operar.