La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley que universaliza equitativamente la alimentación escolar «Hambre cero en nuestras escuelas». La aprobación se dio con la inclusión de un inciso que blinda explícitamente los recursos para la ley de arancel cero en las universidades.

La aprobación se dio en base al dictamen de la Comisión de Presupuesto, que mantuvo en líneas generales el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. Incluyó, en el artículo 9, la precisión explicíta de que la ley de Arancel Cero en las universidades será financiado con recursos genuinos del Tesoro y que esos recursos no podrán ser reducidos ni reprogramados.

La presidenta de la Comisión de Prespuesto, Cristina Villalba, explicó que el proyecto de ley aprobado tiene como objetivo principal garantizar el acceso a la alimentación escolar en todo el sistema educativo y universalizar el almuerzo escolar con criterio de equidad, «como mecanismo para erradicar el hambre en la etapa escolar».

El proyecto de ley contempla la creación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE), que se financiará en un 80% con recursos provenientes del Fonacide, equivalente a unos 240 millones de dólares, más las partidas presupuestarias de recursos del Tesoro que se destinan actualmente a la alimentación escolar.

El 20% restante de los recursos del Fonacide, que equivale a unos 60 millones de dólares, seguirá siendo administrado por las municipalidades del país, y deberán ser destinados a obras de infraestructura, principalmente asociadas a la educación.

Uno de los puntos más álgidos en el debate parlamentario fue la propuesta de inclusión de las gobernaciones de Central y Presidente Hayes en el manejo de los recursos, ya que el proyecto de ley indica que en estos casos los recursos estarán a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Finalmente, se mantuvo la versión original del proyecto.

El presidente de la República, Santiago Peña, había afirmado que el proyecto de ley de «Hambre Cero cero en las escuelas» tiene una capacidad transformadora en el futuro de los niños del país, además de un impacto económico positivo en el sector productivo.

El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Senadores para su estudio.