Cualquier tratamiento médico debe ser informado al paciente de manera puntual y expresa, respecto a lo que se le va a hacer, la modalidad y las posibles consecuencias, para que, a partir de allí, el afectado tome la decisión. Sin estos elementos, el consentimiento no es válido.
Así lo explicó el abogado José Casañas Levi e indicó que los tratamientos sin autorización configuran un delito con pena de multa, a la que puede sumarse un año de cárcel de comprobarse una negligencia.
En caso de constatarse de que se realizó una amputación injustificada, podría considerarse lesión grave, la cual contempla hasta 10 años de pena privativa de libertad.
“Él tendría que haber sido informado, el consentimiento no se puede presumir, tiene que ser expreso”, insistió el abogado en entrevista con la 780 AM.
La familia firmó una autorización para la amputación de la derecha, sin embargo, los médicos amputaron la izquierda, sin informar ni antes ni después. Únicamente respondieron cuando los parientes del paciente se percataron del error.
Después del escándalo, convocaron a una conferencia de prensa para informar que, si bien los estudios indicaban que se debía amputar la derecha, una vez en quirófano determinaron de que la izquierda era la más comprometida, por lo que procedieron a cortar dicho miembro.