Este miércoles 15 se recuerda el décimo aniversario de la llamada Masacre de Curuguaty, donde 17 paraguayos (11 campesinos y 6 policías) murieron en un misterioso enfrentamiento, hasta la fecha no esclarecido, y que sirvió de excusa para el juicio político que terminó con el gobierno de Fernando Lugo en el 2012.
Los campesinos sobrevivientes y familiares de las víctimas mantienen la ocupación y el reclamo de las tierras, indicando que son del Estado paraguayo que usurpó la empresa Campos Morumbí, perteneciente a familiares del fallecido ex senador colorado Blas N. Riquelme, que figuran en el informe de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) como tierras malhabidas.
A 10 años de la masacre, los labriegos, aglutinados en la Comisión Vecinal Naranjaty, siguen reclamando la legalización del asentamiento y justicia por los muertos durante la lucha por la tierra.
Un total de 11 campesinos habían sido condenados, y luego anulada su condena en el 2018, mientras que ningún policía fue investigado ni procesado.
El Congreso aprobó una ley de expropiación de tierras para los campesinos, pero Mario Abdo la vetó a principios del 2021 pese a que dijo que la promulgaría. Por este motivo, los dirigentes del asentamiento tildaron de cobarde y títere al mandatario.
Hoy, a las 19:00, frente al Panteón de los Héroes se realiza un acto recordatorio de los 10 años de la masacre y reconocimiento a los luchadores por la causa campesina, como el Pa’i Francisco Oliva.
Informe. La Coordinadora por los Derechos Humanos presentó su informe Justicia, Tierra y Libertad Marina Kue, diez años después, donde exponen las deudas pendientes con los campesinos.
“El Estado tuvo todo ese tiempo para esclarecer lo ocurrido. Lejos de esa intención, se dedicó a destruir evidencia, amedrentar testigos, perseguir jueces y construir pruebas ilegales para mantener una versión insostenible”, expresaron desde la Codehupy.
Indican que la pregunta ¿Qué paso en Curuguaty? sigue teniendo resonancia, porque sigue sin contar con la respuesta de quienes tenían la obligación de responder. “En esa tragedia también dieron muerte a la democracia en Paraguay”, dicen.
En el proceso penal, fueron absueltos todos los campesinos acusados por la matanza de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio del 2012, donde fallecieron 17 personas, 11 campesinos y 6 policías.
En juicio oral, un tribunal de Sentencia había condenado a los acusados por homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble, a raíz de la muerte de los agentes del orden, donde fueron condenados a penas de entre 4 y 30 años de encierro, más medidas de seguridad.
Esto había sido ratificado por el Tribunal de Apelación de Canindeyú, por lo que la defensa de los encausados planteó recurso extraordinario de casación ante la Corte.
Finalmente, la Sala Penal, integrada por los camaristas Emiliano Rolón, Arnaldo Martínez Prieto y Cristóbal Sánchez, anularon los fallos, y directamente decretaron la absolución de los 11 procesados. Este fallo, fue objeto de una aclaratoria por parte de la fiscalía, que aún no fue resuelta, aunque eso no modificará la decisión final.
Los absueltos son: Rubén Villalba, quien sería el cabecilla, Luis Olmedo Paredes, Néstor Castro, Arnaldo Quintana, Lucía Agüero, María Fani Olmedo, Dolores López, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramón Ramírez, Adalberto Castro y Felipe Benítez Balmori.
El reclamo de los campesinos siempre fue que la Fiscalía nunca investigó totalmente los hechos, sino que solo la muerte de los agentes policiales, y no de los campesinos. UH