Sonia Britez no solo es pareja de Alejandro Acosta, funcionario administrativo de la Municipalidad de Jesús sino que su empresa no aparece en los registros de Contrataciones Públicas como proveedora del Estado.
Aún así, Víctor Bernardo Garay mimó a su funcionario con millonarios contratos para la pareja de este, totalizando según los documentos al que accedimos a Gs. 1.000 millones de Royalties y recursos especiales.
Basta con revisar el RUC 5449947-0 en la lista de proveedores inscriptos en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para determinar que no se encontró ningún resultado.
Este documento es otra evidencia más de una falta no sólo administrativa sino de la violacion de la ley 2523 Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias. La presente Ley tiene por objeto tipificar y sancionar el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias y que castiga hasta con 10 años de cárcel a los culpables.
