La agente fiscal Marlene de Ovelar, designada en la causa para investigar el perjuicio de US$ 37 millones en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante la administración del presidenciable por la Concertación, Efraín Alegre, anunció que desde la próxima semana acudirán a prestar declaraciones testificales el equipo de auditores que certificó la rapiña del dirigente liberal.
“La denuncia entró por el sistema aleatorio la semana pasada. Nosotros no tenemos que desconocer que son hechos muy antiguos, han transcurrido mucho tiempo, pero existe independientemente a esto una auditoría ya concreta que ingresó con la denuncia. Los auditores empezarán a venir a las audiencias testificales. La semana siguiente tiene una audiencia fijada uno de los auditores que realizó la auditoría”, señaló en una entrevista con la radio 1020 AM.
Ovelar afirmó también que ya se interiorizó sobre el contenido de la auditoría realizada a la gestión de Alegre durante el gobierno del exmandatario izquierdista Fernando Lugo, el cual determinó una malversación de US$ 37 millones. “Ya hemos hecho lectura integral de esa auditoría, estamos en una etapa demasiado incipiente, tenemos que cotejar lo que tengan que venir y aportar en la causa los auditores, si hay pagos, cuándo se hicieron esos pagos o hasta cuándo se hicieron. Esto es un trabajo bastante arduo, minucioso, estamos hablando de un monto muy importante”, expresó.
Detalló a la vez que previamente también es necesario determinar los “tipos penales” que fueron cometidos por el dirigente opositor. “No corresponde bajo ningún sentido que yo pueda decir que el caso está prescripto, eso no corresponde bajo ningún sentido en esta etapa de la investigación. Tengo hasta ahora una sola auditoría, pero estamos verificando si entró otra denuncia que tenga relación con esta auditoría”, puntualizó.
El documento se encuentra firmado por Héctor Godoy, actual director general de Control Interno de la Auditoría del Ejecutivo, quien ejerció en su momento la jefatura del equipo de auditores integrado por Norah Rapallini, Yoni Coronel, Luis Cardozo Olmedo y el entonces supervisor José Adorno Caballero.
La auditoría, que fue cajoneada por 10 años y que nunca fue remitida a los organismos de control y fiscalización, destapa casos de planillerismo, de obras paradas, rapiña de combustibles, maquinarias, licitaciones amañadas, entre otros hechos de corrupción.
Por otra parte, el denunciante Martín Arévalo, senador del Partido Colorado, acudió este jueves para ampliar su denuncia con base en otra auditoría realizada por la Contraloría, ocasión en la que se detectó un perjuicio de US$ 72 millones, totalizando una tragada de US$ 109 millones.