El juicio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se reanudó este lunes en medio de la exacerbada polarización política que ha provocado el atentado que sufrió el pasado jueves, cuando un hombre le gatilló directamente a la cabeza.
Los alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron una pena de 12 años de prisión, inhabilitación para cargos públicos y decomiso de sus bienes, culminaron el pasado 22 de agosto.
Ahora comienza el turno de las defensas de los 13 exfuncionarios y empresarios que están acusados de haber formado parte de una “asociación ilícita” que presuntamente benefició con millonarios contratos de obras públicas al empresario Lázaro Báez, amigo de la familia Kirchner.
El turno de la expresidenta será a más tardar a principios de octubre. Aunque ya ha criticado en varias ocasiones un proceso que adjudica a una persecución político-judicial en su contra, ahora su exposición genera otra expectativa debido al intento de asesinato que sufrió y que alteró a la sociedad argentina.
Los alegatos de los fiscales se realizaron en audiencias remotas, pero los acusados tienen la opción de pedir la oportunidad de hablar de manera presencial ante los jueces que conforman el tribunal que, se prevé, emitirán su sentencia entre diciembre y febrero.
Hasta ahora se desconoce la opción que elegirá Fernández de Kirchner, quien no ha hecho pronunciamientos públicos después del atentado.
Repudio
El primero en hablar ante los jueces en esta última etapa del juicio fue el abogado Mariano Fragueiro Frías, defensor de René Garro, el expresidente de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz que está acusado de haber formado parte de la “asociación ilícita”, por lo que los fiscales pidieron una pena de tres años de prisión en su contra.
Fragueiro Frías inició su alegato con una condena al intento de magnicidio. “Quiero expresar mi rechazo por los hechos ejecutados en perjuicio de la señora vicepresidenta que nos han dejado atónitos y perplejos. Implorar a dios, fuente de toda razón como dice la Constitución Nacional, que el odio no gane nuestra sociedad y que cualquier manifestación violenta sea una excepción dentro de las reglas de nuestra sociedad y nuestra convivencia social”, señaló.
De esta forma, se confirmó que el atentado, que está bajo investigación, sobrevolará las audiencias que restan hasta que termine el juicio.
Con respecto a los presuntos delitos adjudicados a su defendido, el abogado denunció que los fiscales violaron la Constitución en sus imputaciones y pedido de condena.
“La Fiscalía, y lo digo con dolor, ha violado la Constitución nacional, acá hay algo gravísimo, se condujo con una absoluta hipocresía funcional“, dijo Fragueiro Frías, quien explicó que no se le puede atribuir a su defendido un perjuicio al Estado nacional cuando solo fue funcionario provincial.
Las audiencias continuarán mañana con el desfile del resto de los acusados, hasta que llegue el turno de Fernández de Kirchner, quien ya aseguró que la condena en su contra está escrita de antemano.
Polémica
El juicio se reanudó en medio de la controversia que desató José Mayans, un senador oficialista que propuso la paralización inmediata del proceso al considerar que “tiene un montón de vicios” y abona a la violencia y el odio que desembocó en el atentado a la vicepresidenta.
“No respetó el debido proceso, no respetó la presunción de inocencia y agregaron pruebas fuera de término. En ese juicio se gestó el germen de la violencia extrema, debería ser parado por la Corte Suprema, ¿Queremos paz social? Empecemos a parar el juicio este que es vergonzoso”, acusó.
Los opositores criticaron de inmediato la propuesta, en particular quienes minimizaron el ataque a Fernández de Kirchner y consideran que es solo “una maniobra” de la vicepresidenta para victimizarse y evadir el juicio.
Por el contrario, la reacción más contundente provino por parte del propio oficialismo, ya que el senador Oscar Parrilli, uno de los políticos más cercanos a Fernández de Kirchner, advirtió que ella solo espera justicia. “Sin paralizaciones, o injerencias extrañas. Y con jueces imparciales”, advirtió en respuesta a su compañero de bancada.