La defensa de Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, imputado por lesión confianza, recusó a varios fiscales ante las denuncias que tiene el Ministerio Público en su contra.
En ejercicio de la defensa técnica del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, la abogada Gilda María Portillo Vega recusó a los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas, Rodrigo Estigarribia y a la fiscal Adjunta Soledad Machuca.
La chicana presentada afecta a las 19 causas que se encuentran en investigación en la Fiscalía de Delitos Económicos en contra del jefe comunal esteño. En la lista se citan denuncias contra Prieto por lesión de confianza, estafa, asociación criminal, producción de documentos no auténticos, entre otros.
En una de estas 19 causas, Miguel Prieto está imputado por lesión de confianza, por un perjuicio patrimonial de 1.700 millones de guaraníes, durante la pandemia del 2020.
Es precisamente por este caso que la defensa de Prieto recusa a toda la unidad fiscal, ya que, según argumenta, ni bien se dio la imputación, el expediente fue expuesto por la prensa, lo cual considera que “existen circunstancias específicas que comprometen los criterios de actuación del Ministerio Público, porque además de facilitar información a terceros, se negó información a esta defensa técnica”.
MÁS DETALLES DEL CASO CONTRA PRIETO
Los fiscales de la causa, con apoyo de la Contraloría, incautaron los documentos esenciales del proceso licitatorio, tanto en la Municipalidad como en la empresa adjudicada, de nombre Tía Chela, así como una de las empresas identificadas como Vanemi, perteneciente a Emilia Vanessa Florentín, quien reconoció haber sido pareja de Prieto. Esto también lo admitió el intendente.
Se solicitó a Tributación la trazabilidad de las compras adjudicadas, a fin de determinar si tenía en su stock los 25.000 kits supuestamente adquiridos por comuna.
“Se hizo la reconstrucción de esa cadena de compra desde los subproveedores hasta llegar a la proveedora final. Es ahí donde se detecta la inconsistencia, como, por ejemplo, que las supuestas operaciones de compras de kits de alimentos, incluso son posteriores a la fecha de entrega y también, entre los proveedores, a más de encontrarse la existencia de esta empresa, se detectó a tres proveedores más, que son considerados proveedores ficticios”, explicó el fiscal Silvio Corbeta.
La licitación fue convocada por valor de 3.000 millones de guaraníes, sin embargo, existió un solo pago de 1.700 millones, donde, el perjuicio es del 100 % para la Municipalidad, ya que no se entregaron los 25.000 kits, pese a que eso figura en los papeles.
“Al hacer la trazabilidad de las mercaderías, no encontramos dentro del stock de todas estas empresas esa cantidad. Por lo tanto, es fácil concluir que, si no tuvieron el stock, no tuvieron cómo entregar efectivamente, además de otras circunstancias como la incapacidad financiera y técnica y la falta de experiencia”, detalló el fiscal.
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