El expresidente y actual senador Fernando Lugo
había sostenido que no esperaba recibir ningún
dinero, en el marco de su demanda contra el
Estado paraguayo por su destitución de la primera
magistratura, a través un juicio político en 2012.
Sin embargo, ahora que la Comision
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
admitió su acción, se revela que en el escrito
había solicitado incluso volver al Palacio de López,
algo que ya resulta imposible, además del cobro
de los haberes caídos como mandatario,
«asi
como los gastos ocasionados en el juicio político y
en este procedimiento, así como las
indemnizaciones por daño a mi honor y
reputación».
En aquel entonces, su salario era de unos G.
38.000.000, que multiplicado por los 14 meses
que le faltaban para cumplir su mandato, suman
G. 532.000.000 más intereses, así como los
montos de los demás reclamos.
El reclamo se había presentado en diciembre del
2012 y ahora, más de 9 años después, se llega a
esta instancia en que la CIDH tiene un plazo de 6
meses para resolver el caso. La Cancillería
nacional ya fue notificada sobre la decisión, segun
se informó.
«Acto de justicia»
«Para nosotros, es un acto enorme de justicia, un
acto enorme de defensa de los derechos
establecidos en la Constitución paraguaya, en el
Pacto San José de Costa Rica ante la arbitrariedad
cometida durante el desarrollo del juicio político»
sostuvo el abogado Emilio Camacho, uno de los
firmantes de la demanda, junto a su colegas José
Enrique García y Adolfo Ferreiro.
En el escrito se cuestiona el juicio político, porque
supuestamente no se respetó el debido proceso y
se le dio muy poco tiempo para que Lugo prepare
su defensa.
«Se violentaron varios derechos, como el del
derecho a la defensa y la presentación de
pruebas» señaló Camacho a un medio.
Además, se sostiene que se agotaron las
instancias jurisdiccionales de nuestro país, por lo
que tuvieron que recurrir a dicho fuero regional.
Aceptó y se retiró
El entonces presidente Fernando Lugo «anunció
que se sometía al juicio político y se le dio el
derecho a la defensa», dijo Federico Franco, quien
era el vicepresidente y asumió en reemplazo del
exobispo. «Él aceptó» el reglamento. «Escuchó la
denuncia; esgrimió sus argumentos» y sus
abogados «adujeron que no era necesario más
tiempo». Franco mencionó que no fue consultado
para la defensa y que había ofrecido la opinión de
expertos, pero no le llamaron. Extra
