A pesar de que cuentan con documentos que revelan la contratación irregular de empresas para ejecución de obras, la Contraloría General de la República no se expidió al respecto.
Entre las irregularidades halladas se encuentra la contratación de la empresa LIAMCHI EAS, perteneciente a la pareja del funcionario encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad.
El otro caso es la contratación de RET SL Construcciones propiedad de una funcionaria del Estado. En ambos casos la legislación nacional prohíbe en absoluto tal tal práctica con sanciones de hasta 10 años de pena privativa de libertad.
Ambos casos se dieron durante la presente administración del Intendente Carlos Benitez.
Los antecedentes de bosque casos ya fueron remitidos desde la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas hasta la Contraloría General de la República donde fue cajoneado y no remitido hasta Asesoría Jurídica como corresponde para su posterior informe al Ministerio Público.