Un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley “Que modifica los artículos 197 y 199 de la Ley N° 3966/2010, Orgánica Municipal”, con el objetivo de establecer límites más estrictos al endeudamiento de los gobiernos municipales y fortalecer los mecanismos de control financiero.
La propuesta, según la justificación del documento, surge como respuesta a las recurrentes denuncias de mala gestión financiera en los municipios, que a menudo resultan en deudas heredadas por nuevas administraciones y en la falta de inversión en obras de infraestructura esenciales para la ciudadanía.
El proyecto propone una ampliación del Artículo 197, que habla del Crédito Público, que es la capacidad que tiene la Municipalidad de captar recursos financieros de manera exclusiva para las obras de infraestructura física, relativas a la vía pública, hospitales y escuelas, sistema de alcantarillado, y mejoras de edificios.
A este redacción se agrega el siguiente texto: “Queda expresamente prohibida la contratación de crédito público para financiar gastos corrientes, así como gastos derivados de operaciones no autorizadas por la Junta Municipal y/o que contravengan disposiciones legales vigentes”.
Establece también que “el plazo máximo de contratación de crédito público y/o la emisión de bonos será por el periodo comprendido desde la contratación del crédito o emisión de bonos hasta la finalización del periodo vigente, sin excepción alguna».
En lo que respecta al Artículo 199, que versa sobre la autorización para contratar, formalizar, firmar y aprobar los contratos de empréstitos, se agrega el siguiente párrafo: “La omisión del debido proceso en la contratación de crédito público será causal de intervención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo N° 11, inciso 3), de la presente ley».
Los proyectistas argumentan que estas medidas ayudarán a prevenir que las malas administraciones comprometan los recursos de futuras gestiones y, sobre todo, a garantizar que los ciudadanos no se vean privados de inversiones que mejoren sus condiciones de vida.
El proyecto también busca fortalecer la rendición de cuentas, al proponer que la mala administración de un gobierno municipal sea considerada una grave irregularidad en la ejecución del presupuesto, sujeta a intervención según lo establecido en la ley vigente.
“De ser aprobada, esta modificación a la Ley Orgánica Municipal representará un cambio significativo en la gestión financiera de los municipios, con el potencial de mejorar la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos a nivel local”, según la exposición de motivos.
Son formantes del documento los diputados Raúl Benítez (PEN-Central); Carlos López (PLRA-Cordillera); Pedro Gómez (PLRA-Central); Rocío Vallejo (PPQ-Capital); Juan Manuel Acevedo (PLRA-Amambay); Johanna Ortega (PPS-Capital); Arnaldo Valdez (PLRA-Misiones); Guillermo Rodríguez (Yo Creo – Alto Paraná), Adrián Vaesken (PLRA-Central); y Diosnel Aguilera (PLRA-Ñeembucú).