El candidato a la Gobernación de Itapúa Javier Pereira utiliza instituciones públicas del departamento dentro de su agenda proselitista a pesar de estar completamente prohibido.
Según se observa en imágenes publicadas por el propio aspirante a la Gobernación, viene recorriendo varias instituciones educativas pese a la prohibición establecida por ley
Tanto funcionarios de instituciones educativas y sanitarias tienen prohibido participar de actividades proselitistas en el horario laboral o dentro de las instalaciones del Estado. Sin embargo, aquellos candidatos que se encuentren ejerciendo algún cargo público sí pueden visitar dichas instalaciones, únicamente ejerciendo el rol de autoridad.
Según el circular D.G. 7 R.S N° 005/2023 emitido por la Séptima Región Sanitaria, prohíbe a sus funcionarios contratados ocupar tiempo de la jornada de trabajo, utilizar personal material o información confidencial de la dependencia para ejercer cualquier tipo de actividad política partidaria también prohíbe vestir o cargar insignias o uniformes de naturaleza proselitistas en horario laboral, dentro de la dependencia de la institución.
Se insta a los funcionarios o autoridades de distintas dependencias, denunciar este tipo de hechos ante la unidad de anticorrupción y transparencia del ministerio de salud.
Por otro lado, la Dirección Departamental de Educación de Itapúa, emitió un memorándum, estableciendo según la la Ley NO 1626/2000 «DE LA FUNCIÓN PÚBLICA», «Queda prohibido al funcionario: inc. d) Ejecutar actividades ocupando tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal, material u información reservado o confidencial de la dependencia, para fines ajeno a lo establecido para el organismo o entidad donde cumple sus tareas; y en especial ejercer cualquier actividad política partidaria dentro del mismo, así también lo expresado en el inc. e) vestir o cargar insignias o uniformes de naturaleza proselitista dentro de las instalaciones del Estado.”
Así también, se solicitó a los directores, no permitir el ingreso de personas en las instituciones educativas para realizar campaña proselitista, a los efectos de dar cumplimiento a las normativas legales vigentes y de resguardar el interés superior de los niños y adolescentes, así como su derecho a la educación.