Mediante un allanamiento en un recinto privado en Salto del Guairá, en Canindeyú, una comitiva fiscal-policial logró incautar 2.738 máquinas de criptomonedas y cinco trasformadores. Hasta ahora es la intervención más grande que se realizó en lo que va del año.

Una comitiva fiscal y policial llegó bien temprano este miércoles hasta un recinto privado ubicado en Salto del Guairá, Departamento de Canindeyú, en el marco de una investigación por el supuesto hecho de uso ilegal de energía eléctrica de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

En el allanamiento se logró incautar un total de 2.738 máquinas de criptomonedas y cinco transformadores sin placa.

Respecto al procedimiento, el ingeniero Hugo Rolón, gerente comercial de la ANDE, detalló a radio Chaco Boreal 1330 AM que en el sitio detectaron una potencia de más de 7.150 Kva.

Esa potencia permitiría fácilmente el abastecimiento de energía eléctrica de 5.000 a 6.000 usuarios dentro de un área urbana.

“Es una de las más grandes que hemos detectado, no solo en capacidad, sino también en el nivel de demanda. Esta fue verificada y estaba funcionando a su plena capacidad”, expresó.

Igualmente, indicó que tienen altas sospechas de que este equipo ya fue intervenido en Alto Paraná en el 2023 y luego se mudaron hacia Salto del Guairá.

Todo lo incautado quedó lacrado y bajo custodia policial por disposición del fiscal interviniente.

El procedimiento estuvo a cargo del personal del Departamento Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de Canindeyú.

El Ejecutivo cuenta con dos proyectos para elevar las penas por la sustracción ilegal de energía eléctrica y semanas atrás se anunció la presentación del proyecto de ley para modificar el artículo 173 del Código Penal.

Poco días después de este anuncio, durante un allanamiento en el inmueble del ex diputado Miguel Cuevas, en Paraguarí, se encontraron 354 máquinas de criptominería y una inversión de USD 1,5 millones en la granja ilegal de moneda virtual.

Aunque el ex legislador es el propietario del terreno, lo había arrendado a Ramona Peralta, de Alto Paraná, cuyo abogado viajó a Sapucái para interiorizarse en el caso. UH