Ante la publicación de la investigación realizada por este medio, en la que se expone el hecho de que el agente de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Carlos Francisco Chamorro Portillo y su esposa, también funcionaria de la misma institución, en los últimos 7 años lograron aumentar sus inmuebles y propiedades, muchos de los cuales no figuran en sus declaraciones juradas, la Senad salió al paso con un comunicado que los protege.
Mediante un comunicado, la entidad recuerda a la opinión pública y a los medios de comunicación la confidencialidad con la que se manejan por cuestiones de seguridad dentro de la institución, queriendo de alguna manera cubrir inclusive las finanzas de los agentes. A pesar de este intento, la ley es muy clara en cuanto a las declaraciones juradas y el acceso a esa información como una herramienta de control.
El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, el abogado Armindo Torres, en comunicación con el programa “Pase lo que pase” de Universo 970 AM/Nación Media, destacó que no existe ninguna disposición que prohíba publicar las informaciones sobre el patrimonio de los funcionarios públicos y por ende están obligados a publicar en sus declaraciones juradas, especialmente en los casos en los que sus bienes hayan aumentado de manera considerable frente a su salario.
El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, el abogado Armindo Torres, en comunicación con el programa “Pase lo que pase” de Universo 970AM/Nación Media, destacó que no existe ninguna disposición que prohíba publicar las informaciones sobre el patrimonio de los funcionarios públicos y por ende están obligados a publicar en sus declaraciones juradas, especialmente en los casos en los que sus bienes hayan aumentado de manera considerable frente a su salario.
“Estamos viendo las publicaciones del medio y verificamos si condicen o no con lo que ellos declaran. Lo que se debe resguardar son los datos sensibles. Por lo menos lo patrimonial está publicado en la página web y no existe prohibición alguna para no hacerlo, no existe restricción para nadie”, sostuvo el director de Declaraciones Juradas de la Contraloría.
Por su parte, el doctor Marcelo Duarte, abogado constitucionalista, en comunicación con La Nación/Nación Media destacó que es importante analizar el contexto, teniendo en cuenta que aparentemente la Senad obvió el detalle de que la ley habla específicamente de los agentes encubiertos y aquellos que estén dentro de un proceso judicial, y que si este no es el caso la entidad tergiversó la información. “La tergiversación es bastante más grave que olvidar algo”, aclaró.
El constitucionalista también ratificó el hecho de que todos los empleados públicos deben presentar sus declaraciones juradas y actualizarlas en el caso de que se dé un crecimiento patrimonial y especialmente que el funcionario sea capaz de argumentar cómo se dio la adquisición. “En el caso de que no se den las declaraciones y explicaciones pertinentes, se debe investigar qué pasa ahí”, añadió Duarte.
Investigación
Al ser consultado sobre el caso del agente de la Senad denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Luis Piñánez fue muy claro durante la entrevista con el programa “Pase lo que pase”, de Universo 970 AM /Nación Media, que si existe una sospecha, el Ministerio Público debe investigarlo.
Piñánez resaltó el hecho de que si existe una discrepancia entre lo que gana un funcionario y los bienes con los que cuenta, es causa suficiente para abrir una investigación y corroborar los datos y testimonios hasta conocer los orígenes de sus bienes o ganancias.
“Normalmente, sobre la base de publicaciones de los medios es que se investiga a las personas y los entes son los que deciden llevar la iniciativa. Una investigación de oficio suele ser tomada por la Fiscalía General con base en las denuncias periodísticas”, indicó.