Los fiscales Eugenio Ocampos, Alcides Corvalán y Carmen Bogado acusaron a los camioneros Ángel Ramón Zaracho Núñez y Roberto Merardo Almirón Acha. Al mismo tiempo solicitaron que la causa en la que están procesados por perturbación de la paz pública, intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y coacción a órganos constitucionales, sea elevada a juicio oral y público.
De acuerdo con los datos proporcionados por la Fiscalía, Zaracho y Almirón fueron individualizados como responsables de liderar, convocar, ordenar e instruir a sus agremiados de trabajadores del volante a que se realicen medidas de fuerzas y conductas lesivas.
Entre algunas de esas conductas, los fiscales señalan que Zaracho y Almirón intimaron a la obstaculización peligrosa de la circulación de personas y vehículos, utilizando camiones de gran porte como medida de fuerza coercitiva.
Ante todo lo acontecido, estas conductas son consideradas lesivas a los derechos de otros ciudadanos porque evitan la circulación libre, además de la instalación de piquetes que también impedían el libre tránsito de la ciudadanía en la zona de la Costanera de Asunción y otras zonas. Se registraron en agosto de 2021, cuando los trabajadores del volante llevaban una medida de fuerza para lograr aprobar un proyecto de ley que pretendía fijar un precio para el flete.
Procesados, liberados
El juez de Garantías Rolando Duarte dictó medidas alternativas a la prisión para Zaracho y Almirón e impuso para cada uno una fianza personal de G. 50 millones, además de la prohibición de cambio de domicilio sin previa comunicación al Juzgado, obligación de no cambiar el número de celular y la obligación de asistir a la audiencia preliminar a ser fijada en su momento oportuno.
Los hoy acusados fueron denunciados por amenazas, extorsión y actos de violencia cometidos entre finales de julio y los primeros días de agosto de 2021, contra los choferes de camiones que no se sumaron al paro del sector para exigir una ley que garantice el aumento del precio del flete.
Causa por extorsión
Los trabajadores del volante Ángel Zaracho, Roberto Almirón, ahora acusados, también afrontan una causa penal abierta en su contra, pero por la supuesta comisión de extorsión al ministro del Interior Federico González, a quien primeramente le habrían exigido el pago de la suma de US$ 1.000.000 que luego bajó a US$ 300.000 y quedó en US$ 50.000 tras dos negativas del secretario de Estado; en cambio, el último monto sí se pagó y derivó en la detención de ambos.
Le exigencia era a cambio de no llevar a cabo cierres de rutas a nivel país. Incluso solicitaron que su pedido llegue hasta el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
Otros que también están indagados por el caso son Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina. Los cinco cumplen prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, desde el pasado lunes 25 de abril.