Las autoridades argentinas pisotean su propia ley al no permitir la salida de una embarcación cargada y lista para zarpar, denuncia Luis Ortega de Mercurio Group, quien teme consecuencias catastróficas, que incluso pueden llegar al desabastecimiento.
Una multa de 27.000 dólares debe pagar la barcaza, que, por orden de la Prefectura Naval Argentina, recibió una notificación de embargo e interdicción de navegar.
“No contentos con pisotear un Tratado Internacional, las autoridades argentinas violan su propia ley interna (Ley N° 20094/73, Art. 541, Inc. c) al no permitir la salida de una embarcación que se encontraba cargada y lista para zarpar”, denunció Luis Ortega, presidente de Mercurio Group.
Expresó su preocupación por las posibles consecuencias catastróficas que podría traer esta medida, ya que el impedirse la libre navegación del convoy, se estaría poniendo en riesgo de desabastecimiento un producto vital para la economía nacional.
“Apelamos a las autoridades del Gobierno para tomar medidas más severas y firmes que sean necesarias para defender los intereses de nuestro país, (…), ya que, de extenderse la medida, se estaría causando un perjuicio irreparable”, advierten.
El Centro de Armadores Fluviales y Marítimos se pronunció en contra de la nueva retención y espera que pronto se pueda llegar a un acuerdo, al menos provisorio.
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