La Entidad Binacional Yacyretá a través de la Delegación Jurídica informa a la opinión pública en general que ha tomado conocimiento que personas inescrupulosas estarían solicitando copias de documentación personal (Cédula de Identidad Civil), como así también, la suma de GUARANÍES CIEN MIL (Gs. 100.000), para integrar una supuesta lista de beneficiarios que podrán obtener el título de propiedad de viviendas construidas por la Entidad en el Conjunto Habitacional Itá Paso de la ciudad de Encarnación.
Al respecto, la Entidad Binacional Yacyretá comunica a las familias relocalizadas, beneficiarias de viviendas en el Conjunto Habitacional mencionado, que las gestiones oficiales ante las instituciones del estado involucradas en el proceso de titulación se encuentran con un avance importante, situación que permitirá concretar la obtención de los títulos de propiedad de las viviendas a favor de los beneficiarios en la brevedad posible.
En ese sentido, se aclara que, dicha gestión no representa, ni representará ningún costo económico para los beneficiarios, ya que el trámite o impulso se encuentra a cargo de los funcionarios de la Entidad Binacional y de otras instituciones del Estado, pudiendo los beneficiarios de vivienda consultar directamente sobre su situación particular y el avance de las gestiones, de manera personal, en las oficinas de la Delegación Jurídica de la Entidad Binacional Yacyretá, sin necesidad de contratar representantes, gestores, dirigentes o intermediarios y, mucho menos, anotarse en supuestos listados, entregar documentos a terceros o abonar o comprometer el pago sumas de dinero, ya que la gestión es totalmente gratuita para los mismos.
Para seguridad y tranquilidad de los beneficiarios, la Entidad Binacional Yacyretá formuló en la fecha la denuncia pertinente ante el Ministerio Público sobre el supuesto hecho de pedido de dinero realizado por personas inescrupulosas a cambio de ser incluidos en una supuesta lista para la tramitación de los títulos de propiedad y realizará todas las acciones que resulten necesarias para garantizar la transparencia del proceso, precautelando los intereses institucionales y de las familias beneficiarias con derechos debidamente acreditados.