Representantes legales de la familia Kaufmann presentaron una denuncia penal por invasión de inmueble ajeno, apropiación de producción agrícola a cultivar y asociación criminal contra Roberto Duarte Velázquez, Roberto Daniel Benítez Báez, Armando Lezcano Sanabria y Óscar Darío Sosa Vigo. El inmueble está ubicado en el distrito de Mayor Otaño, en Itapúa.
Lo llamativo es que Benítez Báez es un educador de Mayor Otaño que adquirió el inmueble de un grupo empresarial por USD 2 millones. Esto se produjo en el año 2020, pasaron cuatro años y se desconocen qué tipo de acciones realizó la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) sobre esta transacción o si se activaron los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) en su momento.

CONTEXTO. La firma Barcos SA inició sus operaciones en el 2018 con el propósito de ocupar y apropiarse de la producción agrícola y usufructuar una fracción de 500 hectáreas que pertenecen a la familia Kaufmann, según relató a ÚH Carlos Daniel Alarcón, abogado de la familia.

Las pruebas que la empresa plantea para argumentar que el inmueble les pertenece se sustentan en una escritura pública donde el presunto título de propiedad proviene de una persona fallecida al momento de la formalización de la transferencia. Se trata de Plinio Kleemann.

En junio del 2020, un profesor de Mayor Otaño, de nombre Roberto Daniel Benítez Báez, adquirió el inmueble por USD 2 millones, sin que la transacción haya despertado ningún Reporte de Operación Sospechosa (ROS) en la Seprelad.

Además de esto, la operación se realizó a través de un contrato privado de compra venta y no a través de una escritura pública. En el contrato privado se observa que el educador reconoce que el inmueble tiene una demanda de nulidad de título y que también posee medidas cautelares como la prohibición de contratar, la prohibición de innovar, entre otras medidas dispuestas judicialmente.

A esto se suma que Benítez Báez, diez días antes de comprar el inmueble, firmó un contrato de arrendamiento a su suegro Roberto Duarte Velázquez.

DESPLIEGUE. De forma paralela, otro aspecto llamativo que gira en torno al caso son el despliegue policial antes de cada intervención. Este caso involucra a Carlos Humberto Benítez, comandante de la Policía Nacional, y a Juan Ramón Agüero, director de la Policía de Itapúa. El abogado de la familia alemana explicó que la Comandancia de la Policía Nacional tiene entre seis a siete dictámenes emitidos en los últimos seis años, en los cuales se prohíbe el despliegue de más de 50 efectivos sin previamente tener dictámenes, análisis y conclusiones de logística que sean favorables para el operativo.

En el caso que involucra a la familia Kaufmann, se desconocen los dictámenes favorables para los despliegues de tantos efectivos policiales.

En el 2024 se produjeron más de tres operativos. Solo en el realizado a inicios de abril, se desplegaron alrededor de 200 efectivos policiales del Departamento de Itapúa.

“El comandante de la Policía Nacional y el juez han articulado estrategias para que Roberto Benítez y su suegro generen la posibilidad de invasión del inmueble”, señaló el abogado.

A esto se suma que el 11 de setiembre, Armando Lezcano Sanabria, una persona con condena penal de 10 años por secuestro y tráfico de drogas, fungió de chofer de la actuaria judicial Liliana Mereles.

SIN DEFINICIÓN. El juez Carlos Alberto Rojas tiene una denuncia pública en su contra que fue admitida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el pasado 9 de abril, en sesión ordinaria. La denuncia trata sobre mal desempeño de sus funciones del juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y Laboral de San Juan Nepomuceno, circunscripción judicial de Caazapá, en el caso caratulado “Roberto Duarte Vázquez con Roberto Daniel Benítez Báez sobre cumplimiento de contrato. Expediente 149, año 2023, folio 64”.

Han pasado cinco meses y se desconoce avance alguno de las investigaciones.

La causa engloba varias irregularidades, como el título proveniente de una persona fallecida, título transferido a través de un contrato privado de compra venta con prohibición judicial para contratar y un contrato de arrendamiento firmado antes de la adquisición del inmueble.

A pesar de todo esto, el juez Rojas le otorgó en tres ocasiones medidas cautelares que propician la invasión del inmueble, con la excusa de realización de diligencias.

“Existen medidas cautelares que prohíben ciertas acciones, pero de igual manera, se produce el despliegue de 200 policías, estibadores, maquinarias, retroexcavadoras, un despliegue humano importante, todo para producir la ocupación física de las 500 hectáreas que pertenecen a la familia Kaufmann”, explicó finalmente el abogado. UH