La fiscal Silvio Corbeta imputó al diputado Esteban Samaniego, su esposa Patricia Corvalán y a otras 21 personas por la supuesta comisión de los hechos punibles de administración en provecho propio y asociación criminal. Los ilícitos se habrían cometido durante la gestión de Samaniego como intendente de Quyquyhó entre los años 2011 y 2017.
El fiscal interviniente peticionó al Juzgado de Delitos Económicos el desafuero de Samaniego para que pueda ser sometido al proceso judicial, además de que se ordene el bloqueo de las cuentas bancarias de todos los imputados, como también que se ordenen medidas para que los sospechosos se sometan a la justicia.
La imputación remarca que Samaniego como lord mayor de la citada ciudad ordenó el pago directo a su favor, de sus familiares y terceros allegados para su beneficio. Igualmente habría favorecido en forma indebida a un esquema de empresas y personas jurídicas funcionales a él con adjudicaciones sistemáticas.
Samaniego se valió de su cargo como intendente para beneficiarse en forma indebida, ya que era administrador de gastos, con la suma de G. 338.595.000, dinero al cual accedió mediante pagos de fondos depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF). La actual intendenta Corvalán, por su parte, cobró G. 117.500.000, fondos que debían ser usados con fines sociales y no para provecho propio. Samaniego, su esposa y otros familiares fueron los que cobraron los cheques.
