El agente fiscal Carlomagno Alavarenga, llevó a cabo dos procedimientos en las localidades de Vallemí y San Lázaro, tras la denuncia presentada por pobladores, quienes reclaman supuestos impactos ambientales producidos por la Industria Nacional del Cemento y la empresa denominada Calpar, en detrimento de los mismos.
Los allanamientos fueron desarrollados en coordinación con la Unidad Especializada de Delitos Ambientales, acompañado de técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público y fiscalizadores del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).
Según la denuncia, el traslado del material utilizado (carbón mineral) por la INC, denominado PETCOKE, produce un polvorín que queda impregnado en la calle, en las casas, techos, paredes, así como un supuesto olor, por lo que los habitantes requieren la prohibición del traslado por las zonas urbanas.
Conforme a las diligencias, en la primera intervención se constató que habitualmente este material era transportado en embarcaciones vía fluvial, sin embargo, debido a la bajante del río Paraguay, el ancladero utilizado para el efecto no se encuentra operativo y por ello habilitaron otra zona de desembarque, también en una propiedad de la INC descargando directamente en camiones para trasladarlo a una distancia de 3.8 kilómetros, hasta la fábrica.
Respecto al primer allanamiento producido en la INC, el representante del Ministerio Público indicó: “La Fiscalía lo que hizo fue la verificación, hizo un recorrido de primeramente el lugar donde la empresa estuvo descargando y el trayecto hasta la fábrica para hacer las mediciones correspondientes; el mapeo específicamente, también dentro de la fábrica se llegó al lugar donde se deposita el material. Se hizo un recorrido por toda la instalación, específicamente, en todas las áreas donde se utiliza, la forma de manipuleo, el procesamiento y todo lo que tiene que ver con el uso en el lugar de ese producto. Se accedió a copias de la declaración de impacto ambiental. También se solicitó el plan de gestión ambiental para que sea acercado e igualmente se peticionó que por la vía de informes se adjunte todo lo referido a las documentaciones que ellos tienen sobre el producto, compra, material, tipo, características, etc.”.
“También se solicitaron informes a un profesional químico de la Dirección Especializada de Medio Ambiente, otro informe al Centro Nacional de Toxicología con relación al producto en sí, así como informes a hospitales y centros de salud, tanto de Vallemí como de Concepción para saber si es que hubo gente internada o que han realizado consultas por haberse visto afectadas por este producto”, expresó el fiscal de la causa.
Por otra parte, los moradores de San Lázaro, denunciaron que una fábrica trituradora de piedra, ubicada en el lugar, produce gran cantidad de polvo afectando la calidad de vida, motivo por el cual no pueden sentarse frente a sus casas en el horario de trabajo de la fábrica.
En torno al segundo allanamiento, el fiscal interviniente manifestó que, “En el lugar, el encargado nos exhibió la declaración de impacto ambiental, la actividad cuenta con permiso administrativo correspondiente, justamente también estamos requiriendo su plan de gestión ambiental y eso va a ser sometido a análisis para determinar si es que se ajusta o no a su plan la labor realizada en el lugar. Se hizo un recorrido por el sitio, se verificó toda la planta, las máquinas, el funcionamiento, el material que utiliza”.
Alvarenga explicó, “Justamente en la denuncia se mencionaba también que en el lugar se produce cal agrícola, el encargado negó que estén produciendo, dijo que solamente se dedican a triturar piedras, tienen permiso para realizar, pero sólo se dedican a triturar piedras, no se encontró evidencia realmente de cal agrícola en el sitio. Ahora, el siguiente paso es la verificación de las documentaciones y si se ajustan o no a lo que se observó”.