La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) emitió este domingo un comunicado en el que expresó su preocupación por la reacción de las instituciones del Estado frente a las movilizaciones y protestas referente a los resultados electorales.
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) señaló que se observa con “creciente preocupación” el actuar de la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y Tribunal de Justicia Electoral, ante las manifestaciones que se dan tras las elecciones generales del pasado 30 de abril.
La organización reiteró que el “ejercicio del derecho a la manifestación y protesta es legítimo y debe ser asegurado por las instituciones del Estado”. Asimismo, hace un llamado a las instituciones a que puedan atender los reclamos en busca de acuerdos. “En el marco de las manifestaciones desarrolladas por los supuestos fraudes en las elecciones, se han registrado una serie de hechos de represiones y detenciones masivas por parte de la Policía Nacional y, en algunos casos, también por parte de militares”, indicó.
Asimismo, se mencionó que varias de las personas aprehendidas dan cuenta de la arbitrariedad y brutalidad de las fuerzas públicas antes, durante y posterior a las detenciones “hechos que podrían constituir torturas o malos tratos y que deben ser investigados por el Ministerio Público”.
La Codehupy recordó que históricamente se dieron situaciones similares de represión y criminalización de la protesta. Todo esto se plasmó en el informe denominado Estoy para marzo, el cual será publicado el 11 de mayo próximo.
“La Policía Nacional ha reprimido sin criterios y sin respetar su normativa interna de uso legal de la fuerza. Se realizaron detenciones masivas sin determinar las conductas o responsabilidades de cada una de ellas, inclusive varias personas que manifestaron siquiera haber participado en las protestas”, señalan.
Por otro lado, sostuvo que el Ministerio Público, independientemente del cambio de su máxima autoridad, legitimó detenciones masivas, sin los requerimientos legales mínimos, solicitado en casi todos los casos la prisión preventiva. “La imputación es genérica e inconsistente; no delimita la conducta penalmente relevante en la que habrían incurrido las personas procesadas”, indicó.
“Las personas entrevistadas por la Codehupy manifestaron su voluntad para denunciar estos hechos pero también manifestaron temor a las represalias”, mencionó la organización.
Unas 120 personas fueron procesadas y 200 detenidas tras el inicio de las movilizaciones que reclaman la transparencia electoral del TSJE. Uno de los detenidos es el ex presidenciable Paraguayo Cubas, quien fue imputado por varios cargos.
“Ante estas circunstancias, instamos a las autoridades nacionales a garantizar el derecho a la protesta, atender los reclamos de las y los manifestantes y desarrollar estrategias para abordar las inquietudes planteadas y garantizar la mayor transparencia posible sobre el sistema de votación y escrutinio vigente”, señaló la Codehupy.
Por otro lado, la organización se hizo eco de la denuncia presentada por la Mesa de Seguridad de Periodistas del Paraguay con relación a las agresiones contra periodistas. “Exigimos que se proteja especialmente a periodistas que están cubriendo las manifestaciones”, mencionaron.
En el mismo sentido, pidieron al Ministerio Público una revisión profunda de las actuaciones de las Unidades Fiscales en las causas relacionadas a las manifestaciones y al Poder Judicial a que ejerza su poder de control de las actuaciones estatales y de cumplimiento de garantías de las personas procesadas. UH