La Contraloría General de la República (CGR), tras el informe final de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) realizada en la Municipalidad de Obligado (Itapúa), reportó un indicio de hecho punible ante el Ministerio Público.
En su informe, el ente contralor indica que la administración municipal, cuyo intendente es Gil Amarilla, pagó demás por obras viales y aulas ejecutadas.
Según el reporte de la Contraloría General de la República, un equipo auditor fiscalizó los documentos de la gestión municipal desde el 2018 hasta el 2022 del intendente Gil Amarilla, y se detectó un indicio de perjuicio patrimonial de G. 60 millones. Si bien el monto no es demasiado, la forma desprolija en que se manejó la administración municipal facilitó que se paguen de más por obras que valían menos y, asimismo, no se garantizó la calidad de los mismos.
“De la comparación entre lo verificado in situ con lo contratado y pagado, se constató que no fueron ejecutados algunos ítems o fueron ejecutados en cantidades diferentes, que fueron pagados con los recursos provenientes del Fonacide y royalties”, reza parte del documento que la Contraloría entregó al Ministerio Público.
En otra parte, se habla de que algunas obras ejecutadas entre el 2018 y el 2022 incumplen con las especificaciones técnicas descriptas en el pliego de bases y condiciones de los contratos o las exigencias propuestas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), esto con respecto a la obras realizadas en las instituciones educativas de Obligado con recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). abc