Una serie de allanamientos en simultáneo a casas y locales comerciales de varias ciudades del país se realizó bajo la coordinación de la agente fiscal Irma Llano, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público, con apoyo del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional. Las comitivas intervinientes buscan desbaratar una red internacional que se dedicaría a estafar a las víctimas vaciando cuentas bancarias y otros sistemas de billeteras electrónicas.
Las agentes fiscales Alba Delvalle y Ruth Benítez, coadyuvaron los procedimientos en conjunto con el jefe de Cibercrimen de la Policía, Crio. Diosnel Alarcón. Asimismo, cooperaron con los operativos los fiscales Enrique Fornerón y Ever Williams en Encarnación y Capitán Miranda, respectivamente. En el barrio Remansito de Villa Hayes, intervino la agente fiscal Norma Paredes y en Atyrá, el fiscal Carlos Maldonado.
Los procedimientos se efectuaron en las localidades de Lambaré, Fernando de la Mora, Encarnación, Capitán Miranda, Atyrá y Villa Hayes. En los operativos fueron incautadas evidencias que hacen referencia a la investigación.
En total existen 17 personas identificadas, 12 de ellos de nacionalidad paraguaya quienes serían los “cerebros” informáticos que aparentemente estafaban a través del vaciamiento de cuentas bancarias, en complicidad presunta de locales comerciales. Hasta el momento 4 personas fueron aprehendidas. Los demás implicados serían ciudadanos de los países de Argentina, Uruguay, Colombia y República Dominicana.
Las actividades de la organización delictiva se enmarcarían en diversas figuras delictivas como el fraude informático, estafa, acceso indebido a sistemas informáticos, lavado de dinero y otros delitos conexos.
Existen numerosas denuncias que fueron formuladas por entidades bancarias, cooperativas y otros particulares con billeteras electrónicas. Según los datos, se realizaban ataques de phishing, vaciamiento de cuentas bancarias, fraudes y suplantación de identidad.
Es con el fin de obtener datos de cuentas bancarias y de locales comerciales con la presunta colaboración de terceras personas para movilizar y trasladar el dinero obtenido a otras cuentas utilizando además el dispositivo “Pos” para generar códigos QR.
El titular del terminal Pos, extrae los fondos recibidos y entrega la totalidad al eslabón de la organización, descontando previamente la comisión acordada. En efecto, se captaban aparentemente a personas vulnerables ofreciendo una oportunidad de negocio y un porcentaje por la transacción realizada. Según los informes, la estructura criminal realizaba aparentemente un blanqueo de capitales mediante el uso de criptoactivos.