A la Petropar de saqueos históricos le abren canilla

Petropar acaba de recibir la venia legal para subsidiar de nuevo el precio del gasoil común y de la nafta intermedia, lo que implicará una canilla libre para seguir con el despilfarro. No bastaron las incontables muestras de corrupción a lo largo de su historia, para que otra vez se dilapiden US$ 60 millones (o más) que le costaría al pueblo esta subvención.

Obras fantasmas, millonarias y numerosas sobrefacturaciones, fuertes pagos indebidos, y una abultada deuda impaga a Petróleos de Venezuela (PDVSA) que sigue en litigio, son consecuencias de los manejos desprolijos que tuvo la petrolera a lo largo de su historia. Este nuevo subsidio concedido y cuya ley fue promulgada el viernes último para frenar las movilizaciones de camioneros y de otros sectores ante la disparada del precio internacional del petróleo y de sus derivados tiene un fuerte tufo a corrupción, y beneficiará a un reducido grupo prendido a esta corrompida empresa del estado.

Nuestro país repite los mismos errores de siempre. No fueron suficientes las cuantiosas muestras de equívocos para incurrir en lo mismo. A PDVSA jamás se le amortizó la abultada deuda de casi US$ 300 millones, que fue contraída por las compras a créditos y también por un subsidio asumido por el Gobierno en el precio del gasoil. El Acuerdo Energético de Caracas (AEC) se firmó el 18 de noviembre de 2006, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, siendo presidente de Petropar Armando Rodríguez. Luego, Alejandro Takahasi estuvo al frente del ente desde agosto de 2008, cuando asumió la presidencia del país Fernando Lugo, quien terminó por consolidar la entrega de nuestra soberanía energética. A su vez, Pablo Sugastti, estuvo en la titularidad del ente luego del escándalo de un tráfico de influencias del círculo cercano al entonces presidente Lugo, en que se buscó favorecer a una naviera amiga de entonces.

En este periodo se gestaron groseros negociados que terminaron favoreciendo a allegados al poder como a Andrés René Guzmán, supuesto financista de la campaña electoral del entonces Presidente de la República, a quien se le permitió una operación ilegal de flete, de casi US$ 20 millones, lo que abultó aún más el pasivo de la estatal.

En la era de Sergio Escobar Amarilla, titular de Petropar (2008-2013), se detectaron obras fantasmas como varias registradas en la planta alcoholera de Troche, Guairá, así como también sobrefacturaciones varias, compras irregulares de firmas de maletín, el ingreso al país “de gasoil basura” (pagado a precio de “oro”) y el manejo totalmente prebendario del ente, entre otros. Fue en este lapso cuando se constató un daño patrimonial al Estado, entre varios otros, en la planta de concentración de vinaza y patio de compost, por G. 2.418.792.555, en la alcoholera de Troche.

Otro de los tantos “elefantes blancos” de la historia de la estatal es el perjuicio de G. 12.000 millones por la compra de equipos para la electrificación de molinos, también en Troche. La denuncia señalaba que la firma MGA Construcciones, de Michael Azuaga Ramírez, fue contratada para la provisión y montaje de los equipos para la alcoholera. El monto del contrato fue por G. 24.000 millones, que coincidentemente era el mismo costo estimado de la obra, lo que evidenciaba que el proceso estaba dirigido totalmente. Días antes de las elecciones generales de abril del 2013, se modificó aceleradamente la adenda N° 2 del contrato, en la que se modificó el porcentaje de anticipo, que pasó del 30% al 50%, por lo que Petropar desembolsó a favor de dicha empresa los G. 12.000 millones en concepto de anticipo, sin que la obra llegara a ejecutarse.

Durante el gobierno de Horacio Cartes, una auditoría confirmó el multimillonario perjuicio patrimonial ocurrido en Petropar, por más de G. 30.000 millones. Fue por el establecimiento de gasolineras con emblema de la estatal, entrega de combustibles a plazos y cheques sin fondos. El administrador de Petropar de entonces fue Eddie Jara.

El gobierno de Cartes habilitó en 2016 un total de 65 estaciones de servicio con el sello de Petropar y esperaban que en 2017 se abrieran otros 60 locales. Fue en este periodo cuando políticos colorados, entre otros, incursionaron “en el mundo petrolero” para ser operadores de gasolineras de Petropar, como el diputado cartista Basilio Núñez, a través de la firma Districhaco SA, en Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes, junto a Nidia Cabrera Zaracho. Lo mismo pasó con el colorado Víctor Molas, entonces presidente de la seccional de Fernando de la Mora, quien también se convirtió en operador de varias gasolineras con logo Petropar, incluso erigidas en predios del Partido Colorado. Abc

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