Los cinco camioneros detenidos este miércoles fueron imputados por extorsión y la Fiscalía ya solicitó la prisión preventiva para cada uno.
Los líderes del gremio de camioneros, detenidos en un llamativo procedimiento para la entrega simulada de unos USD 50.000 supuestamente solicitados al Gobierno este miércoles, fueron imputados por extorsión por el Ministerio Público. Mientras tanto, la Fiscalía pidió la prisión preventiva para los cinco procesados.
Se trata del presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, Ángel Zaracho; Roberto Almirón y Vicente Medina, titular y miembro de la Federación de Transportistas Autónomos del Paraguay, respectivamente; Juan Friedelin, de la Federación de Camioneros del Paraguay, y Julio César Solaeche, de la Asociación de Camioneros Ovetenses.
Todos ellos se abstuvieron de declarar en el Ministerio Público en la jornada y pasarán la noche de este miércoles en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, a la espera de la audiencia de imposición de medidas este jueves ante el juez Humberto Otazú.
Tras negarse a brindar declaración ante la Fiscalía, a su salida, Zaracho dijo que va a demostrar su inocencia y que hasta cuenta con pruebas para ello, pero pidió que se respete el debido proceso.
Por su parte, el abogado de los camioneros, David Pana, señaló que van a demostrar todo dentro del trámite del juicio y adelantó que durante la imposición de medidas va a solicitar la prisión domiciliaria para sus defendidos.
Este miércoles, el ministro del Interior, Federico González, presentó una denuncia por extorsión contra líderes camioneros ante la Fiscalía y se realizó una entrega simulada de dinero, donde se detuvo a los cinco trabajadores del sector.
Entretanto, la Policía Nacional confirmó que fue el presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, Ángel Zaracho, quien retiró los USD 50.000 del Ministerio del Interior.
Tras su detención, informó que los demás lo esperaban a bordo de una camioneta, en el interior de un estacionamiento privado, en las inmediaciones.
La fiscala Liliana Alcaraz señaló que los mismos solicitaron al Gobierno USD 1 millón para ya no hacer cierres de rutas en lo que queda del Gobierno de Mario Abdo Benítez.
Asimismo, indicó que el pedido posteriormente bajó a USD 300.000, pero que, finalmente, se acordó el pago de USD 50.000. Además de Alcaraz, también intervienen en el caso los fiscales Francisco Cabrera y Silvio Corbeta. UH