El fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, dispuso la conformación de un equipo técnico que se ocupe del alto índice de hechos punibles que afectan a los miembros de las comunidades indígenas. Los casos de abusos sexuales en niños, el embarazo precoz de adolescentes, la violencia familiar son hechos frecuentes, además de la influencia del crimen organizado. Este grave panorama, fue expuesto con preocupación por la Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público, encargada de atender los asuntos de los pueblos originarios distribuidos en varios puntos del país.
Esta medida permitirá consolidar el tercer eje del Plan Estratégico Institucional, que consiste en el fortalecimiento institucional para la defensa de los intereses difusos y pueblos originarios. Para el efecto, el equipo está conformado por las direcciones de Derechos Étnicos, Derechos Humanos, Planificación, Ejecución de Proyecto y el Observatorio del Ministerio Público.
PROBLEMÁTICA: Según la directora de Derechos Étnicos, Dora Penayo, estas son algunas de las problemáticas que atraviesan los pueblos indígenas:
PÉRDIDA DE IDENTIDAD: las migraciones a la ciudad, estando fuera de sus comunidades, sin la guía y la contención de los líderes naturales y la familia extendida, propician que, ya estando en la ciudad, sufran discriminación, se insertan en zonas marginales, donde la falta de oportunidades, la exclusión social, y la lucha por la sobrevivencia hacen que pierdan su identidad y su autoestima étnica. Esto genera profundas frustraciones que se convierten en rabia, rebeldía, violencia, delincuencia, a lo que se le suma la ingesta exagerada de bebidas alcohólicas. Al perder su identidad pierden sus valores y ya no respetan a los líderes y a sus padres, por lo que actualmente hay una crisis al interior de las comunidades, porque los jóvenes y niños dejan muy temprano la escuela, y recurren a la bebida, que genera descontrol. Aunque no existan estos problemas en todas las comunidades, recrudeció este drama en forma considerable, desarrollando en ellos una rebeldía que no reconocen autoridad.
VULNERABILIDAD EXTREMA EN LA URBE: En los últimos años, el aumento de la migración de comunidades indígenas hacia las ciudades puso de manifiesto una realidad alarmante: un índice creciente de violencia que afecta gravemente a estos pueblos originarios. Lejos de sus territorios ancestrales, muchos indígenas que buscan en las urbes una vida mejor se encuentran, en cambio, con un escenario de violencia y marginación cuyo resultado es el crecimiento de la vulnerabilidad. Según los datos más recientes, un número significativo de indígenas migrantes son víctimas de homicidio doloso, lesiones graves y explotación sexual. Lo más preocupante es que, en muchos casos, los perpetradores de estos delitos son miembros de sus propias comunidades.
Este fenómeno refleja una compleja dinámica de violencia interna, exacerbada por la sensación de desprotección y exclusión que enfrentan en las ciudades. Los indígenas, al migrar, llevan consigo sus costumbres, creencias y formas de vida, elementos esenciales de su identidad cultural. Sin embargo, al llegar a un entorno urbano que no siempre está preparado para acogerlos, se encuentran con barreras culturales y sociales que los empujan a situaciones de vulnerabilidad extrema. La falta de acceso a servicios básicos, como la salud, la educación y la vivienda, sumada a la discriminación y al desconocimiento de sus derechos, contribuye a perpetuar este círculo de violencia.
– HECHOS PUNIBLES: Los abusos sexuales tienen como consecuencia un embarazo precoz y la reproducción de la pobreza. En los casos de violencia familiar, los factores desencadenantes son el alcohol y las drogas que son consumidas tanto por varones y mujeres. Los conflictos en ruedas de tragos, desembocan en casos de muertes violentas. El consumo de alcohol es muy perjudicial, ya que al padecer desnutrición el efecto es más nocivo. En cuanto a la influencia del crimen organizado, muchos miembros de las comunidades encuentran salida en el trabajo de la plantación de la marihuana, alquilan sus tierras para el cultivo y hasta son utilizados para llevar las sustancias como una especie de “mula”. Hay casos en los que asesinan a líderes por resistirse a entregar su hábitat a organizaciones criminales, que captan a sus víctimas, pero no son denunciados por temor, explica la directora Penayo.
RECOMENDACIÓN: Es imperativo que se realice una investigación exhaustiva de las culturas y costumbres de estas comunidades, con el objetivo de promover la interculturalidad y construir puentes de entendimiento. Solo mediante un enfoque que respete y valore la diversidad cultural será posible desarrollar políticas públicas efectivas que disminuyan la violencia y mejoren la calidad de vida de los indígenas en las ciudades.
El acompañamiento interinstitucional es fundamental en este proceso para la creación de estrategias integrales que aborden las múltiples dimensiones de esta problemática. La colaboración de las instituciones debe estar orientada no solo a la asistencia y protección inmediata, sino también a la promoción de proyectos que fortalezcan la inclusión social y económica de los indígenas migrantes.
La interculturalidad debe ser una práctica diaria que garantice a los pueblos indígenas el respeto a sus derechos y una vida digna, libre de violencia.
HECHOS MÁS FRECUENTES
En el 2023, la Dirección de Derechos Étnicos atendió 655 causas que afectaron a las diferentes comunidades indígenas. Los cinco hechos más frecuentes son: Violencia Familiar, Abuso sexual en niños, homicidio doloso, homicidio doloso en grado de tentativa y hurto agravado.
En la región Oriental, se registraron 541 causas, mientras que en la región Occidental, ingresaron 114 causas, según la dirección de Derechos Étnicos de la Fiscalía.
Hasta julio del 2024, registraron 425 causas por diferentes hechos punibles, aunque predominan los 5 hechos más frecuentes.
DEPARTAMENTOS MÁS CONFLICTIVOS
Las comunidades con mayor cantidad de casos reportados se encuentran en los departamentos de Amambay, Canindeyú y Boquerón.
Ante los casos considerados “hechos de gravedad o faltas leves” cometidos por miembros de las comunidades, sus respectivos líderes analizan y solicitan que las sanciones sean aplicadas teniendo en cuenta la legislación nacional o por derecho consuetudinario.