El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, ratificó este viernes el Estado mantiene el debido control de las penitenciarías del país mediante el nuevo modelo de gestión implementado en la actual administración. Reconoció que existen resistencias que generan irregularidades, pero que las mismas son corregidas con mucha determinación.
Así lo expresó el ministro al explicar los hechos registrados hace aproximadamente dos meses en la cárcel de Emboscada, donde internos trataron de destruir cámaras de videovigilancia y se pasaron objetos de una celda a otra, según registros audiovisuales difundidos recientemente en medios de comunicación.
«Nunca se perdió el control, porque si bien se produjeron hechos vandálicos fueron dentro de las celdas individuales y en los cubículos individuales en los que toman sus recesos», aclaró en primer término el ministro con relación a las videos difundidos.
Reconoció, sin embargo, que los hechos registrados constituyen irregularidades que debieron ser intervenidas inmediatamente según los protocolos. Por ello, se tomaron medidas correctivas desde el Ministerio de Justicia, afirmó.
«Se evaluó la cadena de resposabilidades en cuanto a la aplicación de los protocolos diarios, porque no se actuó en conformidad a los mismos, se procedió a la descontratación de nueve funcionarios y se puso en celdas de aislamiento a las personas que incurrieron en inconductas», detalló el ministro.
Además, siete de estas personas que realizaron los hechos vandálicos fueron trasladadas a la nueva penitenciaría de Minga Guazú, añadió.
El ministro afirmó que el Ministerio de Justicia «no está para tolerar este tipo de hechos graves» y a partir de esa premisa se aplicaron cinco acciones concretas para corregir las irregularidades, incluyendo el envío de los antecedentes del caso al Ministerio Público.
Nicora consideró que «estos problemas» se van a tener «porque estamos hablando de un nuevo modelo y vamos a tener una resistencia de estos altos perfiles a someterse a un régimen de control».
Sin embargo destacó el gran cambio que ya implica en nuevo modelo de gestión penitenciaria, donde las personas de perfil peligroso ya no están mezcladas con la población normal, sino que están recluidas en celdas individuales.