Fuentes del Ministerio Público, informaron a En Línea, que en la semana se estaría abriendo la investigación por presunta asociación criminal que involucra al ex Intendente Victor Garay, la Intendente interina Idilia Peralta y concejales municipales.
El tenor de la investigación se sustentará en la falta de control y la aprobación de la ejecución presupuestaria 2022 aún con una denuncia existente en el Ministerio Público donde se constató un millonario perjuicio a la Municipalidad.
En ese entonces, la Junta Municipal había archivado aparentemente en forma intencional el dictamen de la Comisión de Hacienda que llevó a la aprobación por sanción ficta del balance que no contaba con ningún tipo de documento respaldatorio.
Los concejales afectados son la actual Presidente Intendente Interina, Idilia Peralta, junto con Mario Ramirez, Wilfrido Schlender, Antonio Rolón, Alfonso Acevedo, Santiago Paiullaux y Lelio Forcado. Quienes zafan por dejar constancia su rechazo son Alex Mendez y Armindo Garzke (ambos renunciantes).
Siempre de acuerdo a las fuentes del Ministerio Público, la investigación también involucra al ex Tesorero Hugo Paiullaux, al funcionario Alejandro Acosta y otros cercanos a Victor Garay.
Los documentos a ser utilizados como elementos probatorios son el informe de la Contraloría General de la República. Así también se solicitará el acta de la sesión donde se trató la aprobación o el rechazo de la rendición de cuentas presentada por el imputado y acusado Víctor Garay a pesar de que estos mismos reconocieron que no habían documentos respaldatorios.
“En su momento, la Comisión de Hacienda presidida por Idilia Peralta «cajoneó» por 39 días el estudio emitiendo un dictamen apenas a 24 horas del vencimiento del plazo. Posteriormente dejaron pasar el tiempo y “blanquearon” el saqueo a la Municipalidad a través de una sanción ficha”, publicó En Linea en abril de 2023.
Siempre de acuerdo al archivo, otro punto llamativo fue la suspensión de una sesión por parte de la presidencia por inclemencias climáticas. Esto hace sospechar que la intención de la Junta Municipal en todo tiempo fue evitar el estudio aparentemente por temor a quedar pegados en los hechos de supuesta corrupción que se encuentra en poder la Fiscalía.
Según el Artículo 276 de la ley 3966 Orgánica Municipal: Los miembros de la Junta serán personalmente responsables con sus bienes, conforme a las leyes civiles y penales, por los perjuicios ocasionados a la Municipalidad en el ejercicio de sus funciones, por actos y operaciones, cuya realización autoricen en contravención a las disposiciones legales vigentes, salvo aquéllos que hubieren hecho constar su voto en disidencia en el acta de la respectiva sesión o los ausentes con permiso previo.
Ellos están sujetos a la responsabilidad civil y penal por incumplimiento de las disposiciones de esta Ley en el desempeño de sus funciones.