La puntuación criminal subió un alto porcentaje en el país con respecto al 2021 y decreció en su capacidad de hacer frente a este flagelo, según un informe de la Global Organized Crime.
Informe internacional estima que 200 toneladas de cocaína pasan por el país cada año. Paraguay está con mayor presencia criminal y menos capacidad para afrontar.
Ayer fue presentado el informe lapidario de la Global Organized Crime Index, que desarrolla una herramienta para medir los niveles de crimen organizado en un país y evaluar su resiliencia frente a la actividad criminal.
El informe, que es financiado por el Gobierno de los Estados Unidos, reveló que nuestro país se encuentra con más presencia de mercados criminales en comparación al 2021 y que están fuertemente ligados a actores políticos con vínculos en el Estado.
El índice tiene dos aspectos fundamentales que miden qué tan complejo se encuentra el país en actores criminales y la puntuación en cuanto a la capacidad que tiene el país para enfrentar el crimen organizado.
“Los mercados criminales en Paraguay están fuertemente influenciados y facilitados por actores con vínculos en el Estado, que van desde funcionarios de seguridad de bajo nivel hasta funcionarios de élite. Estos actores no solo facilitan actividades criminales, sino que también crean obstáculos para procesar a los actores criminales y de estilo mafioso. La corrupción está tan arraigada en la sociedad que es una constante independientemente del gobierno, y es común que los policías y funcionarios de servicios estatales exijan sobornos. Además, la economía ilegal es fundamental para los partidos políticos en el país, y se informa que muchos contrabandistas y traficantes de drogas ricos utilizan sus ganancias para financiarlos”, revela en una primera parte el informe.
Destaca la influencia que ejercen en nuestro país las organizaciones criminales.
El documento menciona que los actores criminales extranjeros, especialmente las pandillas brasileñas, están ampliamente involucrados en el comercio ilícito local. También ejercen una considerable influencia sobre el sistema penitenciario local. Además de las pandillas brasileñas, los tradicionales “capos” del contrabando de origen mediooriental y las organizaciones mafiosas chinas también lideran operaciones en Paraguay, principalmente en la zona de la Triple Frontera.
A pesar de los vínculos entre políticos de alto nivel y actividades criminales, no hay evidencia de que grupos extranjeros influyan directamente en los procesos democráticos. Paraguay cuenta con varios grupos de estilo mafioso que controlan gran parte del tráfico de drogas tanto dentro como fuera de las cárceles. Los grupos guerrilleros también cobran un “impuesto revolucionario” y atacan la infraestructura agrícola. Subrayó que los grupos mafiosos brasileños más grandes también tienen capítulos paraguayos debido a su membresía local. Estas dominan el contrabando de cigarrillos y los mercados de tráfico de drogas y armas en el país.
También hace alusión al pacto de impunidad que existe entre la clase política.
Señala que la dirección política y la gobernanza siguen siendo preocupaciones importantes. Se ha acusado a actores de ambos partidos políticos principales de formar un “pacto de impunidad” para evitar investigaciones por acusaciones de corrupción.
Paraguay ha firmado tratados internacionales y convenios relevantes relacionados con el crimen organizado y coopera con la mayoría de los países de América Latina en esfuerzos contra el tráfico de drogas. Aunque ha firmado muchos tratados de extradición, ha fallado en la extradición de políticos de alto nivel involucrados en actividades criminales.
La corrupción y la politización de la Justicia
El informe también da cuenta de la corrupción y politización rampante del sistema judicial.
“La corrupción y la politización son generalizadas dentro del sistema judicial en Paraguay, especialmente en los tribunales inferiores y las oficinas regionales, lo que socava la confianza pública y contribuye a la impunidad de altos funcionarios. Se están realizando esfuerzos para fortalecer el sistema judicial especializado en delitos de crimen organizado y económicos, pero persisten problemas sistémicos, como una ley que permite a los políticos e individuos influyentes condenados en tribunales inferiores evitar el castigo presentando apelaciones y recursos hasta que se alcance el límite legal de cuatro años. La impunidad es desenfrenada en casos de malversación, evasión fiscal y otros delitos”, afirma.
También hace mención al comercio ilegal del tabaco, “dominado por actores del sector privado, quienes han sido acusados de evasión fiscal e influencia política”. UH
