Guillermo Parra, gerente de las Distribuidoras de Combustibles y Asociadas del Paraguay (Dicapar), señaló que en estos momentos no hay posibilidades de bajar el precio de los combustibles, al menos hasta el mes de junio. Además, manifestó que el sector de los combustibles está sumamente preocupado por el contrabando y venta ilegal del carburante en todo el país.
El gerente de la Distribuidoras de Combustibles y Asociadas del Paraguay (Dicapar) indicó que en estos momentos no hay posibilidades de bajar el precio de los combustibles, por lo menos hasta el mes de junio.
Recordó que los precios, especialmente del gasoil, estuvieron apretados todo el 2022, pero aún así, remarcó, estuvieron por debajo de los precios internacionales.
Con respecto a las naftas, destacó que sí hay más margen para bajar precios.
Lamentó que en Paraguay “acusan de la existencia de un cartel, cuando tenemos 15 importadoras, 22 distribuidores y 2.500 estaciones de servicios. Esa competencia se ve en las naftas. En el gasoil los precios están mas parejos”, explicó el empresario.
Proyecciones internacionales
Indicó que cuando los costos están muy próximos a la competencia no da margen de maniobra.
Adelantó que de acuerdo a proyecciones internacionales, la situación se mantendrá igual en los próximos meses.
“Hasta junio no hay condiciones para bajar, pero esto cambia todos los días. No sabemos cómo se comportarán los precios a futuro”, dijo.
Además, recordó, en nuestro país no tenemos empresas que hacen explotación y refinación de crudo, por lo que “no estamos en condiciones ni siquiera de tomar malas medidas. Paraguay solo traslada el precio internacional al local”, detalló.
Preocupación por contrabando proveniente de Argentina
Por otro lado, comentó que el sector de combustibles está sumamente preocupado por la actividad del contrabando y la venta ilegal de combustible.
“Esto no solo pasa en zona fronteriza, sino en todo el país. No venden solo en bidones, sino en estaciones de servicio que se construyen como anexos a almacenes, supermercados, etcétera”, explicó.
Mencionó que la actividad es incluso peligrosa pues se manipulan productos inflamables sin cuidado, lo que desencadena una elevada probabilidad de incendios o explosiones.
“Este riesgo afecta no solo a los involucrados en la actividad ilegal, sino a terceros, ya sea a clientes como personas que circulan en la proximidad de estos lugares, poniendo en peligro la vida de las personas”, manifestó Guillermo Parra.
Problema debe ser abordado en conjunto
Resaltó que este es un problema serio que debe ser abordado a través de varias instituciones del Estado. “No es solo el contrabando que afecta al fisco, sino que es una actividad ilegal y constituye un daño comercial para las empresas formales”. “Además, representa un peligro para los clientes que tampoco tienen garantía de calidad del combustible que compran”, agregó.
También está el peligro ambiental que se produce cuando no se manipula correctamente el carburante, y se afecta el suelo, así como los acuíferos, detalló Parra.
El impacto para el sector privado legal es de 2 y 3 millones de litros por día, y esta cantidad va en aumento, mientras lo incautado es de apenas 3.000 litros por día”, refirió Parra.
Sugirió la cooperación de varias instituciones del Estado para combatir esta actividad en todos sus frentes. ABC