El fiscal Edgar Benítez promovió recurso ordinario de apelación general-impugnación contra el Auto Interlocutorio Nº 111 del Juzgado de Garantías de San Alberto, a cargo de la magistrada Nimia de Jesús Ávalos, que concedió arresto domiciliario a un procesado por abuso sexual en niños.
A criterio del representante del Ministerio Público no existen las mínimas condiciones legales para conceder dicho beneficio al imputado, quien habría abusado en varias ocasiones de su hija de 4 años de edad. El hecho es calificado como crimen y tiene una expectativa de pena de entre 15 y 20 años de prisión.
Además, la existencia de peligro de fuga, considerando que el mismo ya estuvo prófugo de la Justicia y declarado en rebeldía por mucho tiempo. A esto se suma una posible obstrucción a la investigación, ya que puede amenazar a la víctima y a los testigos, según la apelación fiscal.
Por consiguiente, el recurrente solicitó a los miembros de la Cámara de Apelaciones que revoque la resolución del Juzgado de Garantías y ordene la prisión preventiva del encausado.
«Esta representación fiscal se agravia con la resolución impugnada, considerando que la misma tiene un sustento contradictorio, donde la magistrada judicial ha desatendido que se dan plenamente los presupuestos del Art. 242 del Código Procesal Penal como para dictar el auto de prisión», refiere una parte del escrito de apelación.
Agrega, «en contrapartida, se ha apropiado de los fundamentos de la defensa técnica, quien ha subvalorado cada uno de los criterios de los presupuestos de fuga, la elevada expectativa de pena y la obstrucción y que la investigación se encuentra en etapa incipiente. Además, de desconocer que el mismo estuvo rebelde por 6 largos meses sin que haya cumplido ni por un instante la medida de detención que pesaba en su contra».
LOS ANTECEDENTES
Según los antecedentes, el procesado habría abusado varias veces de su hija menor, consistentes en manoseos, en una vivienda ubicada en la zona de Mbaracayú. La última vez se produjo el 22 de octubre de 2021. Sin embargo, la menor confesó el hecho a su madre y ésta radicó la denuncia ante el Ministerio Público, que inició la investigación.
La niña fue inspeccionada por el médico forense, Dr. Javier Brítez, quien constató el supuesto abuso. Igualmente, una profesional del Centro de Atención a Víctimas realizó la evaluación psicológica a la menor, quien confirmó las agresiones.